A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LA OPINIÓN PÚBLICA
AL GOBIERNO FEDERAL
AL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE MAYO DE 2026.
El Sindicato Nacional de Medios de Comunicación (SINMCO) condena enérgicamente la reciente ola de detenciones, hostigamiento y criminalización penal en contra de periodistas, comunicadores y defensores de la libertad de expresión en el estado de San Luis Potosí.
La utilización facciosa de reformas punitivas recientes —como las normas sobre el uso de Inteligencia Artificial y Delitos contra la Identidad— representa un atentado directo contra el ejercicio periodístico y el derecho a la información de la sociedad.
Ante estos hechos que vulneran de forma flagrante el marco constitucional e internacional de los derechos humanos, fijamos una postura firme y categórica a través de las siguientes demandas:
1. Cese Inmediato a la Persecución y Liberación de los Comunicadores:
Christian Herrera: Exigimos esclarecer de inmediato su situación jurídica y su estado de salud. Fue detenido con violencia, incomunicado de sus familiares y trasladado bajo opacidad al penal de "La Pila". Rechazamos el uso de imputaciones fabricadas para silenciar la página informativa "Código Rojo".
Eréndira Reyes Aguillón y Alejandra Hermosillo: Denunciamos la desproporcionalidad judicial al dictarles prisión preventiva oficiosa. La detención de la directora del medio "San Wicho Times" y su hija violó los protocolos mínimos de debido proceso. El Estado vulneró los derechos de menores de edad al dejarlos en la vía pública durante el operativo.
2. Alto al Uso Abusivo del Derecho Penal y Leyes Retroactivas
Principio de No Retroactividad: Alertamos sobre la emisión de al menos 9 órdenes de aprehensión adicionales, incluyendo la de la periodista Anahí Torres González. Las autoridades ministeriales pretenden aplicar de forma retroactiva el Código Penal de San Luis Potosí por videos publicados antes de la vigencia de la norma. Esto viola estrictamente el Artículo 14 de la Constitución Mexicana.
Criminalización de la Crítica: El uso de tipos penales amplios, imprecisos y ambiguos sobre "identidad digital" sirve como herramienta de censura. El Estado utiliza la ley para perseguir contenidos que incomodan a los círculos del poder público.
3. Exigencias a las Autoridades Judiciales y Ministeriales
Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí: Detener el uso del derecho penal como la primera vía de castigo ante discursos de interés público. México tiene la obligación internacional pendiente de eliminar los delitos contra el honor y la reputación. Exigimos el esclarecimiento inmediato de su actuar ante las denuncias de opacidad, incomunicación de detenidos e irregularidades en los traslados.
Poder Judicial del Estado: Conducirse con absoluto apego a los estándares internacionales de derechos humanos. Exigimos respetar el test tripartito de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y revocar de inmediato las medidas de prisión preventiva oficiosa dictadas de forma desproporcionada.
4. Exigencias Directas a los Poderes Ejecutivos
Al Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona:
Frenar el uso del aparato estatal: Exigimos detener de forma inmediata la persecución ministerial iniciada a raíz de la difusión de contenidos informativos que involucran a su administración y a la Guardia Civil Estatal.
Garantías de seguridad: Demandamos que asuma su responsabilidad constitucional como jefe del Ejecutivo estatal para garantizar un entorno libre de violencia, amenazas y censura para el ejercicio periodístico.
Al Gobierno del Estado de San Luis Potosí:
Respeto a los Tratados Internacionales: Atender de inmediato las resoluciones de la ONU y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que exigen eliminar del código penal estatal los delitos que simulan proteger el "honor" o la "reputación" para castigar la disidencia.
Al Gobierno Federal:
Intervención del Mecanismo de Protección: Solicitamos la intervención inmediata de la Secretaría de Gobernación y del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para salvaguardar la integridad de Anahí Torres González y los comunicadores bajo amenaza de captura.
Vigilancia constitucional: Instamos a las autoridades federales competentes a vigilar los atropellos cometidos contra los Artículos 6, 7 y 14 constitucional en la entidad potosina, evitando que las leyes locales de tecnología se conviertan en un modelo nacional de censura gubernamental.
El SINMCO se declara en estado de alerta permanente. No permitiremos que las fiscalías locales se conviertan en brazos ejecutores de censura y violación a la libertad de expresión, bajo el pretexto de regular la tecnología.
¡POR UN PERIODISMO LIBRE Y SIN MORDAZAS!
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL SINDICATO NACIONAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN (SINMCO)
Publicado originalmente en Facebook de SINMCO.